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AI denuncia arrestos en centros de cuarentena obligatoria de Latinoamérica

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Amnistía Internacional (AI) denunció este lunes en un informe la violación de los derechos humanos de miles de personas encerradas en centros de cuarentena obligatoria por la pandemia de COVID-19 en Venezuela, El Salvador y Paraguay.

Según el documento, titulado «Cuando la protección se vuelve represión: Cuarentenas obligatorias durante COVID-19 en las Américas», el organismo documentó al menos 90.000 arrestos en Venezuela, 16.000 en El Salvador y 8.000 en Paraguay.

La organización identificó la mayoría de los arrestados como migrantes, refugiados o personas de ingresos bajos que han sido internados en centros estatales para obligarlos a cumplir con la cuarentena «en condiciones insalubres y a veces inhumanas».

«Esta investigación se basa en el número de denuncias que recibimos de estos países por la implementación de políticas de confinamiento forzado que se convirtieron en medidas punitivas», dijo a Efe la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Érika Guevara.

Según la organización, muchos de los enviados a centros de confinamiento en Venezuela son ciudadanos deportados desde Colombia y Perú, mientras que en Paraguay son personas que volvieron a su país tras perder el trabajo en Brasil por la pandemia.

Si bien, a día de hoy El Salvador y Paraguay ya cerraron estos centros al disminuir los contagios, Guevara advirtió que siguen funcionando en Venezuela y que existe el riesgo de que otros países «se sientan tentados» a usar estas medidas frente a los rebrotes de COVID-19.

Sin higiene y con riesgo de contagios

Según Amnistía Internacional, que ha tenido acceso a varios vídeos, los centros de cuarentena son «instalaciones improvisadas» en almacenes o estadios deportivos que no cuentan con condiciones de salubridad y donde los detenidos no reciben atención médica.

«Hay gente que ha pasado más de 30 días encerrada cuando la propia regulación de la OMS (Organización Mundial de la Salud) dice que el confinamiento no tendría que pasar los 15 días», señaló la directora de la organización en las Américas.

Asimismo, Guevara advirtió que en estos centros se ha mezclado a sospechosos de COVID-19 con personas que no lo eran, por lo que los detenidos «corren el riesgo de contagiarse».

El propio ministro salvadoreño de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, amenazó en abril que los ciudadanos que no cumplieran el encierro en sus casas serían «llevados a un centro de cuarentena, lejos de sus familias y corriendo el riesgo en estos centros de AI denuncia arrestos en centros de cuarentena obligatoria de Latinoaméricacuarentena de contraer inclusive el virus».

«Me gustaría olvidar todo esto, pero no puedo», dijo Ana Cristina, un testimonio recogido por Amnistía Internacional que pasó 40 días en un colchón sucio en el suelo de un centro de cuarentena tras ser arrestada en abril mientras compraba alimentos y medicinas.

Además de las condiciones inhumanas, Guevara señaló la «estigmatización» de las personas que pasaron por estos centros, que en Venezuela fueron tachadas por el Gobierno de «armas biológicas» enviadas desde Colombia.

Críticas a las cuarentenas obligatorias

Guevara explicó que los Gobiernos tienen derecho a limitar la circulación de los ciudadanos para afrontar la crisis del coronavirus, pero subrayó que «en estos tres países podríamos hablar de detenciones arbitrarias porque en muchos casos la gente no fue informada ni de por qué estaba siendo detenida».

Especialmente polémico es el papel de las fuerzas de seguridad, puesto que se han documentado «abusos» y «malos tratos» de policías durante los arrestos.

Por ello, Amnistía Internacional aboga por confinamientos que tengan en cuenta a los millones de pobres y trabajadores de la economía informal que necesitan salir de casa para subsistir.

«Nuestra recomendación es que se eviten las medidas coercitivas y se enfoquen medidas voluntarias de confinamiento basadas en el contexto de la región y sus enormes desigualdades»

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Instalan comité de trabajo local para la Fitven 2022

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Autoridades regionales y locales, prestadores de servicios turísticos, empresarios y operadores del sector del estado Anzoátegui, instalaron el comité local de organización de la XV Feria Internacional de Turismo Venezuela (Fitven), cuya sede para este año 2022 será la ciudad de Barcelona.

El acto estuvo encabezado por el jefe del gabinete económico productivo de la gobernación, David Quintana; el secretario general de gobierno, Hernán Rodríguez; y, el director de la Corporación de Turismo (Coranztur) y director regional del Inatur, Keydis Chirinos, quienes presentaron las agenda de actividades a desarrollar hasta el mes de diciembre, que forman parte de la campaña de promoción con la marca “Anzoátegui te enamora”.

En ese sentido, David Quintana informó que el equipo organizador estará conformado por diversas instituciones y organizaciones, vinculadas tanto al sector turismo, como a lo sectores económicos, de servicios y seguridad en el estado.

“En el 2022 uno de los principales vértices del Plan de Gestión será el renacimiento del turismo en toda la geografía anzoatiguense impulsado con la organización de diferentes actores de la sociedad”, destacó el secretario general de gobierno, Hernán Rodríguez.

Por su parte, el director de Coranztur e Inatur, Keydis Chirinos afirmó que está lista la agenda de eventos que servirán como antesala a la feria y que proyectarán al estado como un destino predilecto.

Chirinos, destacó que se tiene previsto el desarrollo de actividades deportivas, recreativas, culturales, religiosas, gastronómicas, espectáculos musicales, entre otras en las que también estará involucrado el sector privado.

Igualmente, Camilo Vásquez, representante de Fedeturismo, expresó que Anzoátegui es un estado multiactivo, «es más que playa y sol, actualmente estamos en el mejor momento de operación turística y estoy seguro que seremos referencia nacional».

#ÚltimasNoticias

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Menos del 50% de los transportistas se han inscrito el Sistema Patria

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Transportistas del estado Aragua solicitan a las autoridades una prórroga para inscribirse en el Sistema Patria, proceso que culmina el próximo 31 de enero, puesto que, según lo estipulado por Ministerio del Transporte, desde el 01 de febrero solo aquellos trabajadores del volante que estén allí registrados podrán acceder al combustible subsidiado.

Dicha solicitud obedece, de acuerdo a lo señalado por José Luis Trocel, presidente del Frente Unido de Transporte Aragua (FUT), a que el proceso de registro resulta engorroso y en el sistema no se ofrece ninguna orientación al respecto, por lo que menos del 50% de los transportistas ha logrado hacerlo.

Aunado a ello, manifestó que no se conoce al detalle cómo será el mecanismo de abastecimiento de combustible una vez sean eliminadas las estaciones de servicios con código TP, es decir aquellas que son de uso exclusivo del transporte público.

“Son muy pocos los detalles que nos han dado, simplemente nos dijeron al principio que íbamos a equipar en todas las estaciones, sin embargo, no se sabe si son las dolarizadas, si no las van a incluir, no sabemos qué cantidad de combustible nos van a dar. Hay demasiado interrogantes”.

Por este motivo, además de la prórroga, los conductores están solicitando una reunión con carácter de urgencia con la presencia de funcionarios de Sistema Patria, Ministerio del Transporte yPdvsa para que les expliquen cómo van a funcionar a partir del próximo mes “hasta ahora estamos yendo a un sistema a ciegas y eso no lo podemos permitir”.

Resaltó Trocel que de no darse el plazo solicitado se corre el riesgo de que desde el martes 1 de febrero muchos transportistas no puedan bastecerse de combustible, lo que traería una falta de unidades prestando el servicio y los más afectados serían los usuarios

“Queremos advertir a la comunidad que cualquier falta de transporte, cualquier paro producto de una situación donde los compañeros no puedan inscribirse, es responsabilidad del Ejecutivo nacional”

Entre el 50 60% de las unidades están prestando el servicio
El presidente del FUT manifestó que desde comienzo del 2022 el sector ha estado trabajando con entre un 50 y 60% de las unidades, esto gracias a que el combustible ha estado llegando con regularidad, sin embargo, han tenido problemas para adquirir ciertos insumos y con la distribución del efectivo por parte de los usuarios.

#ElAragueño

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«Milagrosa» atención médica a orillas del río Orinoco en Venezuela

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En el patio de una humilde casa, cubierto con un techo de lata, una indígena venezolana de 17 años descansa en una hamaca desgastada y sucia, mientras la enfermera del pueblo carga a su bebé, que dio a luz recién en el suelo.

Vive a las orillas del río Orinoco, en el caserío Chaviripa, de 270 habitantes, 180 de ellos indígenas de la etnia eñepá, ubicado en la región amazónica del estado Bolívar (sur).

Es difícil moverse por esta zona agrícola conocida como Puente Maniapure, de unas 10.000 personas repartidas en 1.500 km2, donde la gente vive en pobreza extrema y el acceso a la salud es muy limitado.

El único hospital cercano está en Caicara, a casi dos horas en auto de Chaviripa, donde hay un ambulatorio con lo mínimo. Lo maneja la enfermera Carmen Olivo, responsable de este y otras docenas de partos.

«Apenas tengo guantes, no tengo tijeras», dice a la AFP Olivo, de 40 años. «Corté el cordón (umbilical) con un cuchillo y le puse una cabuyita (cordel)».

«No son las condiciones para un parto. Imagínese, un chinchorro (hamaca), en la tierra, no hay nada higiénico, no hay agua limpia, no hay nada… y esta gente está tan apartada de todo, no tiene recursos ni siquiera para salir».

En Chaviripa no hay teléfono ni radio, por lo que cuando Lidiana Requena entró en trabajo de parto, Olivo envió un mensajero para pedir asistencia al ambulatorio La Milagrosa, que maneja la Fundación Maniapure, financiado a través de donaciones y mejor dotado que el hospital en Caicara.

Cuando la atención llegó, Olivo ya había atendido el parto. La madre y la bebé fueron trasladadas al centro médico para revisar que todo estuviera en orden.

«‘Kotopa’, ¿bien? ‘Oncoma tasempe’», le dice Natalia Vivas, estudiante de medicina de 24 años a la joven madre.

Le pregunta en en dialecto eñepá si siente dolor y luego le pide que respire hondo, mientras le coloca una vía y sutura las heridas causadas por el parto.

«Es importante poder comunicar, poder advertirle a los pacientes que va a doler un poco», explica Vivas. «Muchas veces no hablan español».

«No es un hospital»

La Fundación Maniapure tiene 25 años. Tomás Sanabria, reconocido cardiólogo de 74 años y uno de sus fundadores, comenzó a visitar la zona en la década de 1960 para acampar siendo un estudiante de medicina.

«Tenían muchas necesidades, nos pedían consultas», recuerda.

En 1995 logró que la ONG Damas Salesianas financiara el sueldo de un médico rural, el auto para desplazarlo y una radio.

Hoy, La Milagrosa «se ha convertido en el centro que más pacientes recibe en la zona», asegura Sanabria. «Pero no es un hospital ni mucho menos», aclara.

Cada día, reciben entre 50, 80 y hasta 100 pacientes, que vienen de remotas comunidades, a cientos de kilómetros. Un 40% son indígenas.

Algunos caminan, otros vienen de hasta a tres en bicicletas, como Cristóbal Quilelli, que pedaleó durante tres horas para que su mujer y su hija de cinco años, que padecían fiebre y tos, fuesen atendidas.

Domingo Antonio, de 69 años, y Félix Gutiérrez, de 73, viajaron todo un día para atenderse, el primero por problemas en un riñón, corazón y próstata; y el otro, por dolores articulares.

Los pacientes reciben los medicamentos de forma gratuita y, una vez al año, la fundación organiza la visita de unos 30 especialistas que atienden a unas 1.800 personas en pocos días.

Francia es uno de los principales socios de Maniapure, con donaciones de unos 600.000 euros (USD 677.000) al año.

La fundación ha dotado además con equipos, medicinas, internet a muchos ambulatorios públicos de la zona, abandonados, además de dar formaciones profesionales.

«He llorado aquí, he sufrido», dice Marlene Campos, una enfermera en La Urbana, remoto caserío donde ahora puede lidiar con casos que antes tenía que referir al hospital de Caicara, a varias horas de distancia. «Cuando llegué quería irme. Ahora me siento útil».

#AFP

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